Pasos a seguir en la instalación de videocámaras en lugares públicos

Un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2009 revelaba que el 70% de los españoles están a favor de los sistemas de videovigilancia en lugares públicos. Entre los motivos que esgrimían los encuestados destacaba el relativo a que las cámaras les proporcionan más seguridad y protección. Sin embargo, pocos conocen qué requisitos legales son necesarios para la instalación de videocámaras en lugares públicos y para el tratamiento de los datos personales –las imágenes lo son- que recogen estos dispositivos.

Según la mencionada encuesta, los ciudadanos son más favorables a la instalación de cámaras de vigilancia en bancos, comercios, hospitales, guarderías y colegios y transporte público y, en menor medida, en lugares de ocio y bares y restaurantes. Un 72,8% se mostraba a favor de que la difusión de imágenes grabadas por este tipo de cámaras esté controlada de alguna forma. Pues bien, la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), regula este tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

privacidad y videovigilancia

 

La potestad para colocar o no videocámaras en lugares públicos la otorga el Ministerio del Interior o las Delegaciones del Gobierno pertinentes. Tal y como marca la Instrucción, las imágenes se consideran un dato de carácter personal, pero quedan excluidas de las obligaciones que marca la normativa el tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, conforme a lo establecido en el artículo 2. de la LOPD.  .

La Instrucción 1/2006 es la respuesta de la AEPD ante el incremento de estos sistemas de grabación y a las numerosas dudas en lo relativo al tratamiento de las imágenes que ello implica. El fin de la Instrucción es adecuar los tratamientos de imágenes con fines de vigilancia a los principios de la Ley de Protección de Datos (LOPD) y garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes son grabadas por medio de tales procedimientos.

En virtud de esta norma, toda instalación de videocámaras deberá respetar el principio de proporcionalidad. O lo que es lo mismo: adoptar, siempre que sea posible, otros medios menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales.

La AEPD, tanto en la Instrucción 1/2006, como en la guía que realizó sobre este tema, insta a que, inicialmente, se empleen otros métodos para llevar a cabo funciones de vigilancia y que, en último lugar, se opte por el uso de cámaras o videocámaras. Tal y como ha dispuesto el Tribunal Constitucional, la exigencia de proporcionalidad es común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales.

Cuando se pretenda instalar sistemas de videovigilancia en espacios públicos de uso privado, deberán ponderarse los derechos de las personas y garantizarse el cumplimiento estricto del principio de proporcionalidad. Este juicio debe estar presente para evitar situaciones abusivas, tales como la instalación de sistemas de vigilancia en espacios comunes o aseos del lugar de trabajo. Se trata de evitar la vigilancia omnipresente y de impedir la vulnerabilidad de la persona. Por ejemplo, en espacios como gimnasios, balnearios, “Spa”…, no podrán captarse imágenes de personas identificadas o identificables en los lugares en los que se realiza materialmente la práctica deportiva o se reciban este tipo de servicios.

Además, las imágenes captadas no podrán ser utilizadas con fines comerciales o promocionales salvo autorización del afectado, y en particular para su emisión a través de Internet.

Por otra parte, las imágenes grabadas se conservarán solo por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la finalidad para la que se recabaron.

Las zonas videovigiladas deben contar con distintivos informativos colgados en un punto bien visible de todos los accesos, ya sean éstos exteriores o interiores. Asimismo, se debe poner a disposición de los interesados impresos que les informe, tal y como dispone en el artículo 5 de la LOPD, de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos o de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). También debe figurar la identidad y dirección del responsable del tratamiento, entre otros.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *