Cómo prevenir la responsabilidad penal empresarial

La responsabilidad penal empresarial es algo que en estos tiempos, tras la reforma del Código Penal de 2010, afecta a cualquier empresa, independientemente de su tamaño o entidad. Todas las compañías están obligadas a responder de los delitos cometidos por sus empleados en el seno de la organización. La persona jurídica (la empresa) puede ser imputada penalmente en paralelo a la persona física (el empleado) causante del delito.

Esta responsabilidad penal de las empresas es directa y no evitable por ninguna póliza de seguros, mientras que sus consecuencias pueden llegar a ser devastadoras: desde sanciones económicas, a la inhabilitación, pasando por el cierre de la empresa. Y no es necesario que la empresa haya colaborado en la comisión del delito.

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Por tanto, para evitar el riesgo de sufrir una imputación penal, las empresas sólo tienen una forma de evitar o atenuar la pena: demostrando que se ha sido diligente, adoptando las medidas necesarias mediante la implantación de un Protocolo de Prevención de Delitos y probando que el delito se ha cometido “a pesar” de su diligencia. En dicho protocolo se ha de definir el código de conducta interna, que todos los empleados deberán conocer, así como los procedimientos organizativos, de control y seguimiento destinados a evitar actuaciones inadecuadas que conlleven riesgo penal para la empresa.

Entre los delitos por los que una empresa puede ser imputada están el descubrimiento y revelación de secretos, la estafa, los delitos contra la propiedad intelectual o industrial, el blanqueo de capitales, los fraudes a la Seguridad Social o el tráfico de influencias. Entre los cometidos por sus empleados, el abanico es amplio y van desde los delitos laborales, atenciones comerciales ilícitas o salud alimentaria, a delitos contables, medio-ambientales, informáticos, acoso, mobbing, etc.

En lo que se refiere a las penas que se pueden imponer, figuran la multa, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades y clausura de locales, así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o la intervención judicial.

Como señalábamos más arriba, sólo hay una forma de atenuar la pena de la empresa: demostrando que ha sido diligente y que el delito se ha cometido “a pesar” de su diligencia. Por ello, el Protocolo de Prevención de Delitos ha de ser vinculante y de obligado cumplimiento para personas que desempeñan funciones de representación, de administración o de dirección; personas sometidas a la dirección o supervisión de alguno de los anteriores, o personas que operen con la sociedad por una relación contractual.

Además, es necesaria la atribución de la responsabilidad de control y seguimiento a uno o varios miembros de la organización, como Encargados del Cumplimiento, que serán los responsables de vigilar la ejecución efectiva del contenido del Protocolo, gestionar su actualización, promover la correcta divulgación mediante reuniones formativas y cuidar de su progreso y mejora constante.

Por otro lado, en un contexto empresarial cada vez más acosado por la crisis y regulado a nivel normativo, es esencial que las pymes adopten mecanismos que ayuden a garantizar la seguridad de sus actividades. Las pymes se encuentran con el importante obstáculo de concienciar a todo el personal de la empresa, e incluso al personal externo con el que tienen relación, y de capacitarlo para dar cumplimiento, en su desempeño diario, al Protocolo de Prevención de Delitos.

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