¿Sabemos para qué se utilizan nuestros datos personales?

A lo largo de nuestra vida vamos diseminando nuestros datos personales por un sinfín de organismos públicos o de entidades privadas. Estos ficheros han de estar sujetos a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos (LOPD) y, por ejemplo, no deben ser guardados por más tiempo del estrictamente necesario. También deben estar a disposición de los ciudadanos para que puedan ejercitar los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Sin embargo, en la práctica, desconocemos dónde acaban nuestros datos.

protección de datos

Hace unos días, el diario ‘El País’ analizaba este problema y lo vinculaba con uno de los temas de máxima actualidad de los últimos meses: la consulta catalana por la independencia. Según exponía este periódico, el Gobierno catalán se enfrenta a la imposibilidad de utilizar los datos del censo electoral central. Todas las propuestas que han aparecido (la utilización del Idescat –el instituto catalán de estadística- o el registro de tarjetas sanitarias) se dan de bruces con la LOPD y el respeto a la privacidad.

Ahí radica el quid de la cuestión: el propietario de los datos personales es el ciudadano, que los cede a las administraciones públicas (y a cualquier otro organismo público o privado) para que éste los gestione en base a un marco regulador que establece qué puede y qué no puede hacer el cesionario con esa información. Es más, el ciudadano tiene derecho a saber para qué van a utilizarse sus datos y a ejercer los derechos ARCO cuando estime oportuno. En cualquier caso, la legislación impide a las administraciones traficar con datos personales, excepto en los casos en los que eso estuviera previsto en el momento de su recolección.



Según la última Memoria de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), correspondiente al año 2012, las empresas de telecomunicaciones concentraron el mayor número de denuncias y de actuaciones de investigación por parte de este organismo. El 73% de las multas que impuso fueron para empresas de este sector. En total, 21 millones de euros en multas. Y aunque no hay datos oficiales, se espera que en 2013 estos datos sean mucho mayores aún.

El aumento de las denuncias presentadas ante la Agencia (en comparación con 2011 crecieron un 12,4%) muestran la preocupación creciente de los ciudadanos por el uso que empresas y organismos hacen de sus datos personales. Y más en una sociedad en la que, para bien o para mal las redes sociales se han instalado en nuestras vidas.

En este sentido, internet y redes sociales tampoco escapan al uso irregular de los datos personales. Por ejemplo, el pasado 19 de diciembre, la AEPD impuso una sanción de 900.000 euros a Google por tres infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). La investigación realizada puso de manifiesto que Google “recoge y trata ilegítimamente información personal, tanto de los usuarios autenticados (dados de alta en sus servicios) como de los no autenticados, e incluso de quienes son meros ‘usuarios pasivos’ que no han solicitado sus servicios pero acceden a páginas que incluyen elementos gestionados por la compañía sin explicitarlo”.

En este sentido, la AEPD apreció una vulneración grave del artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza la protección  de los datos personales, un derecho que está desarrollado en la propia LOPD. Según estas actuaciones de inspección, Google recopila información personal a través de casi un centenar de servicios y productos que ofrece en España, sin proporcionar en muchos casos una información adecuada sobre qué datos se recogen, para qué fines se utilizan y sin obtener un consentimiento válido de sus titulares.

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