La fiebre de la videovigilancia choca con la Ley de Protección de Datos

Casi todos los días vemos en los telediarios noticias de atracos y otros sucesos en establecimientos comerciales a través de imágenes recogidas por cámaras de seguridad instaladas en el interior de los locales. También es frecuente la emisión de sucesos acaecidos en lugares públicos, como el Metro o una autopista, grabados también por cámaras de videovigilancia. Desde hace unos años, la instalación de cámaras de vigilancia se ha multiplicado, algo que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no ha pasado por alto.

La instalación de estos dispositivos se rige por la Instrucción 1/2006 de esta institución, que reaccionó así ante el incremento de estos sistemas de grabación y a las numerosas dudas en lo relativo al tratamiento de las imágenes que ello implicaba.  El objeto de la Instrucción es adecuar los tratamientos de imágenes con fines de vigilancia a los principios de la Ley de Protección de Datos (LOPD) y garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes son grabadas por medio de tales procedimientos.

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Las imágenes personales se consideran datos de carácter personal, según establece la propia LOPD. En este sentido, con la Instrucción, la Agencia trató de compatibilizar la seguridad y vigilancia, que es lo que mueve a la instalación de cámaras, con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal. En virtud de esta norma, toda instalación de videocámaras deberá respetar el principio de proporcionalidad. O lo que es lo mismo: adoptar, siempre que sea posible, otros medios menos intrusivos para la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales.

Es conveniente instalar sistemas de videovigilancia de manera proporcional

La AEPD, tanto en la Instrucción 1/2006 como en la guía que realizó sobre este tema, insta a que, inicialmente, se empleen otros métodos para llevar a cabo funciones de vigilancia y que en último lugar se opte por el uso de cámaras o videocámaras. Tal y como ha dispuesto el Tribunal Constitucional, la exigencia de proporcionalidad es común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales.

Este juicio de proporcionalidad debe estar presente para evitar situaciones abusivas, tales como la instalación de sistemas de vigilancia en espacios comunes, zonas de descanso o vestuarios del lugar de trabajo.Se trata de evitar la vigilancia omnipresente y de impedir la vulnerabilidad de la persona. Por otra parte, las imágenes grabadas se conservarán solo por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la finalidad para la que se recabaron y por un periodo no superior a un mes.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Instrucción las grabaciones domésticas y personales, así como las imágenes que utilizan para el ejercicio de sus funciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque estos tratamientos también deberán cumplir las garantías establecidas por la LOPD. Aparte de estas excepciones, todo aquel que coloque cámaras de videovigilancia debe ubicar en todos los accesos a las áreas videovigiladas al menos un distintivo informativo, tanto en espacios abiertos como cerrados, que advierta a los usuarios  de que van a acceder a zonas donde pueden  ser grabados.

Asimismo, se debe poner a disposición de los interesados impresos que les informe, tal y como dispone la LOPD, de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos o de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. También debe figurar la identidad y dirección del responsable del tratamiento, entre otros.

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